Se firmó un convenio de colaboración institucional con el Colegio de Escribanos
7/5/2019 | Administrador
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En el marco del programa de consolidación de los vínculos institucionales que el Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba viene llevando a cabo, se firmó hoy un convenio de colaboración y cooperación institucional con el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba.

 

El mismo fue rubricado por los Mart. Corr. Públicos Marcelo Prato y María Rosa Porta, Presidente y Secretaria, respectivamente, de nuestro Colegio; y por los Escribanos Horacio Ortíz Pellegrini y María Pía Bertilotti, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la entidad notarial. En la ocasión también estuvieron presentes el Mart. Corr. Público Rafael Chaij, Tesorero de nuestro Colegio; los Abogados Alfonso Buteler y Miguel Ortíz Morán, Asesores Letrados; y la Escribana Analía Robledo, responsable del Área de Comunicación del Colegio de Escribanos.

 

El convenio celebrado tiene como objeto generar instancias de interacción entre ambas partes prestándose colaboración en aquellas actividades que les son propias, vinculadas con temas de interés común, expresándose objetivos específicos en los convenios complementarios previstos con miras a efectuar actividades de capacitación, cooperación, información, análisis, debate e intercambio sobre todo aquello que sea de utilidad para un mejor ejercicio profesional, entendiendo que tanto los Escribanos como los Martilleros Corredores Públicos realizan una labor profesional que se integra en un mismo proceso.

 

De esta manera, a futuro y en el marco de este convenio, las entidades se comprometen a efectuar acuerdos de cooperación concretos y específicos en aspectos comunes relacionados al ejercicio profesional de sus colegiados. Entre ellos se destacan, la organización de cursos y/o jornadas de capacitación en aspectos relativos al intercambio de bienes y sobre temáticas necesarias y útiles para una mejor y mancomunada labor profesional, como así también para establecer formas de impedir y combatir el ejercicio ilegal de la profesión – especialmente en la intermediación de bienes -, y simultáneamente poder conformar un espacio común para la defensa de los intereses y derechos de los profesionales colegiados.



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